Castigo fiscal a los migrantes que sostienen la economía desde el exilio.
Este miércoles, el Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una iniciativa que ha generado alarma tanto en el país como en el extranjero. Con 26 votos republicanos a favor y 19 demócratas en contra, se aprobó la propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por trabajadores migrantes. Aunque aún debe aprobarse en el pleno del periodo de sesiones legislativas, el mensaje político es claro: los migrantes que, con su trabajo, han mantenido a flote a comunidades enteras en Latinoamérica y otras regiones del mundo, están siendo criminalizados y castigados.
¿Qué son las remesas y por qué son vitales para México?
Las remesas son transferencias de dinero que los migrantes envían a sus familias en sus países de origen. Para México, representan una fuente esencial de ingresos. En 2024, según datos del Banco de México, se espera que las remesas superen los 64 mil millones de dólares, consolidándose como la principal fuente de divisas del país, superando al turismo, las exportaciones petroleras e incluso la inversión extranjera directa.
Estas remesas llegan directamente a los hogares vulnerables y actúan como un sustento económico. Se utilizan para alimentación, educación, atención médica, vivienda y negocios locales. En estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca, muchas comunidades rurales dependen casi exclusivamente de estos recursos.
Un impuesto injusto y discriminatorio
De haberse aplicado el impuesto del 5% en 2024, los migrantes mexicanos habrían perdido aproximadamente 3.237 millones de dólares en impuestos directos. Esta cifra es enorme, y afecta no solo al remitente, sino también al receptor y a toda la economía mexicana, al reducir el poder adquisitivo en las zonas que dependen de estos ingresos.
La medida, impulsada por legisladores republicanos con fuertes posturas antiinmigrantes, representa una doble penalización. Por un lado, los inmigrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos, muchos de ellos sin acceso a prestaciones sociales como la atención médica, la educación pública o la jubilación. Por otro lado, ahora pretenden gravar el dinero que no solo se ha ganado, sino que también se destina a fines caritativos y familiares. Es, literalmente, un doble impuesto.
Violación de tratados y principios internacionales
Diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en relaciones internacionales han advertido que esta medida violaría tratados internacionales como el Acuerdo de Facilitación de Remesas del G20, del que Estados Unidos es parte, así como principios fundamentales del derecho internacional que garantizan el libre movimiento de recursos legales y privados.
Además, el acuerdo comercial T-MEC entre Estados Unidos, México y Canadá podría considerarse una barrera a las transferencias de capital, lo que generaría tensiones diplomáticas y abriría la puerta a demandas judiciales.
La crisis fiscal de Estados Unidos y el cambio geopolítico
Esta propuesta también revela la grave situación fiscal que enfrenta Estados Unidos. El déficit presupuestario se ha disparado en los últimos años y la deuda pública supera los 34 billones de dólares. Lejos de buscar soluciones estructurales, algunos sectores políticos están optando por mecanismos fiscales regresivos que gravan a quienes menos tienen.
Mientras tanto, figuras como Donald Trump, aún influyente en el Partido Republicano, han iniciado giras por Oriente Medio en busca de acuerdos económicos y apoyo financiero. El hecho de que Estados Unidos, históricamente la potencia dominante, tenga que "pedir prestado" de regiones donde antes imponía su voluntad es un claro síntoma del cambio en el orden mundial.
¿Y los verdaderos evasores?
Mientras se castiga a los trabajadores migrantes, el sistema tributario estadounidense sigue permitiendo que las grandes corporaciones y los ultrarricos evadan impuestos mediante paraísos fiscales, lagunas legales y estrategias contables agresivas. Según el Instituto de Impuestos y Política Económica, en 2023 al menos 55 grandes empresas de la lista Fortune 500 no pagaron ni un solo dólar en impuestos federales, a pesar de generar miles de millones de dólares en ganancias.
Este contraste muestra la hipocresía de una medida como el impuesto del 5% a las remesas: no se trata de resolver una crisis fiscal, sino de reforzar una narrativa antiinmigrante mientras protege a los verdaderamente privilegiados del sistema.
México debe reaccionar.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de México, debe manifestarse con firmeza. No se trata solo de proteger los ingresos de las familias mexicanas, sino también de defender el principio de que los migrantes no son delincuentes ni evasores fiscales: son trabajadores que han apoyado a sus comunidades desde el extranjero, a menudo tras verse obligados a abandonar el país por falta de oportunidades.
Además, esta situación debería impulsar una reflexión más profunda: ¿cuánto más puede México depender de las remesas? Es urgente fortalecer el desarrollo interno, generar empleos dignos y garantizar los derechos económicos para que la migración no sea la única opción para millones de mexicanos.
Gravar las remesas es una medida injusta, discriminatoria y contraproducente. Afecta a quienes más aportan y menos reciben, y profundiza la desigualdad global. México no puede permanecer en silencio ante este intento de saquear a su diáspora trabajadora. Es hora de reconocer que los migrantes no solo envían dinero: sustentan vidas, mantienen comunidades y representan lo mejor del esfuerzo humano en condiciones adversas.
